La desobediencia civil y los peligros de la inexperiencia revolucionaria
Introducción
En el presente trabajo nos proponemos analizar dos conceptos-núcleo, a saber: los de obediencia debida y desobediencia civil, a partir de las obras de Jean Jacques Rousseau y Mariano Moreno. El título del artículo invita a reflexionar acerca de los prolegómenos que suponen para ambos autores la construcción de una voluntad general, merced al pacto social y los compromisos recíprocos que contraen sus miembros para con el cuerpo político. Si para Rousseau la consolidación del contrato ha de requerir para su legítima coerción de una “enajenación sin reservas”, por otra parte, la novedad que introduce el contexto revolucionario rioplatense conlleva para Moreno ciertos riesgos que pone en vilo la emancipación americana, cuya inexperiencia libertaria ha de promover el interés particular por sobre el bienestar general. Nuestra tarea será elucidar la controversia que suscita en la obra de Moreno la introducción del formalismo jurídico en la tesis contractualista y su supuesta incongruencia con respecto a la posición rousseauneana. A continuación, en una segunda sección, proponemos analizar lo descrito a partir de las perspectivas aducidas tanto por Arendt como por Rancière.
I.
“[M]alo periculosam libertatem quam servitium quietum”(1): con estas palabras, Mariano Moreno evoca la divisa rousseauneana que hereda el movimiento emancipador surgido durante los acontecimientos de mayo de 1810, pero no sin atenerse a lo que podría servir de advertencia a los protagonistas de la gesta revolucionaria rioplatense:
[N]o reposemos sobre la seguridad de unos principios que son muy débiles si no se fomentan con energía; consideremos que los pueblos, así como los hombres, desde que pierden la sombra de un curador poderoso que los manejaba, recuperan ciertamente una alta dignidad, pero rodeada de peligros que aumentan la propia inexperiencia; temblemos con la memoria de aquellos pueblos que por el mal uso de su naciente libertad, no merecieron conservarla muchos instantes [Moreno, 1915: 273].
El derecho de secesión contractual que emana de unos principios naturales pocas veces constatables en la historia universal de los hombres, constriñe de incertidumbre la suspensión de las relaciones de vasallaje. No obstante, el precedente que asienta el movimiento libertario celebrado en las Cortes de Cádiz -tras la captura de Fernando VII-, ofrece el respaldo empírico y jurídico que legitima la restitución en acto de unos derechos civiles, hasta entonces tan sólo“[reducidos] a principios teóricos” (Moreno, 1915: 270). Sin embargo, el problema político al que se atiene la Junta Central de Buenos Aires no consiste simplemente en una cuestión de mero procedimentalismo formal, ya que de hecho, fue “la fuerza y la dominación [las que] han subrogado esas convenciones, de que deben los pueblos derivar su nacimiento y constitución” (Moreno, 1915:270). Pero si acaso - tal como lo sostiene Rousseau- es la fuerza y no el consenso lo que funda el derecho de obediencia al rey -i.e., siendo la necesidad y no la voluntad del deber aquello que cede ante el ejercicio de la violencia-, entonces es legítimo desobedecer la autoridad de una potencia física, con tan sólo heredar su derecho superándolo en fuerza: “puesto que el más fuerte siempre tiene razón, se trata tan sólo de lograr ser el más fuerte” (Rousseau, 2003: 39). Siendo la maquinaria política el único artificio capaz de legitimar los “compromisos civiles”, se vuelve preciso entonces concertar la “colaboración de muchos […] bajo la dirección de una voluntad general”, que obligue por igual a todos a prescindir de sus derechos naturales en pos de someterse consuetudinariamente a una “enajenación sin reservas” (Rousseau, 2003: 47). En efecto, tal parece ser la posición contractualista a la que suscribe el propio Moreno, siendo -en palabras de Rousseau- “el verdadero fundamento de la sociedad”, cuya convención primera ha de prescribir -al menos por única vez- “la obligación para la minoría de someterse a la elección de la mayoría” (Rousseau, 2003: 45). En este sentido, Moreno aduce lo siguiente:
Para que la comunidad quede obligada a los actos de su representante, es necesario que éste haya sido elegido por todos, y con expresos poderes para lo que ejecuta; aun la pluralidad de los sufragios no puede arrastrar a la parte menor, mientras un pacto establecido por la unanimidad no legitime aquella condición. Supongamos que cien mil habitantes forman nuestra población, que todos convienen en una resolución, de que disiente uno solo; este individuo no puede ser obligado a lo que los demás establecieron, mientras no haya consentido en una convención anterior, de sujetarse a las disposiciones de la pluralidad [La cursiva pertenece a mi autoría] [Moreno, 1915: 291].
Pero aunque en principio Moreno coincida con el filósofo ginebrino en lo que respecta a lo anteriormente descrito, muy por el contrario, otra parece ser la preocupación alrededor de la cual gravita el pensamiento del jurista en sus Escritos políticos y económicos, dado que tras la secesión provisional del estado de servidumbre -perpetrada durante tres siglos de colonialismo-, la restitución de los derechos primitivos ha de conllevar inexorablemente al desconocimiento ipso facto del código hasta entonces vigente según lo prescrito por las Leyes de Indias. Si bien la novedad que introduce el movimiento revolucionario rioplatense le permite a Moreno imaginar un escenario muy diferente al de aquellos tiempos en los que el estado de naturaleza “obligó a los hombres errantes a reunirse en sociedades” (Moreno, 1915: 270), por el contrario, dicho autor se muestra más bien reticente frente a los peligros que acarrea la inexperiencia libertaria, que pone en vilo la disolución del cuerpo moral, en aras de prevalecer los intereses mezquinos por sobre el bienestar general de la nación. En este sentido, Moreno se pregunta lo siguiente: ¿Pero cual será el resorte poderoso que contenga las pasiones del magistrado, y reprima la inclinación natural del mando hacia la usurpación? ¿De qué modo se establecerá la obediencia del pueblo sin los riesgos de caer en el abatimiento, o se promoverá su libertad sin los peligrosos escollos de una desenfrenada licencia? [Moreno, 1915: 277]. Por todo lo anteriormente aducido, ¿acaso Mariano Moreno desconoce la “santidad del contrato”? ¿En qué se diferencia de Rousseau?
Una tentativa respuesta nos permite arriesgar lo siguiente: la desconfianza que suscita en Moreno la condición natural que pervierte la conducta moral de los hombres, lo persuade a pergeñar una forma de organización basada en la división de poderes, cuyas magistraturas han de regirse conforme a lo dispuesto en asamblea constituyente por la autoridad suprema de la ley, en tanto “único árbitro” o juez capaz de impedir la disolución del cuerpo político (Moreno, 1915: 277). Podemos afirmar, en éste sentido, que la innovación que introduce Moreno a partir de la formalización del discurso jurídico -en términos ad hoc- contraviene las cláusulas del contrato “tácitamente admitidas y reconocidas” según lo expuesto por el propio Rousseau, ya que “no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni siquiera el contrato social”, pues -de lo contrario- ello implicaría indefectiblemente “enajenar una parte de él mismo o someterse a otro soberano” (Rousseau, 2003: 49). En efecto, sólo los particulares -en calidad de súbditos- han de comprometerse a obedecer “la suprema dirección de la voluntad general” del pueblo; pero -en tanto partícipes de la autoridad soberana- de ningún modo el cuerpo político puede ser obligado a imponerse a sí mismo una ley que le esté prohibido incumplir, simplemente porque ello violaría el principio por el cual ha de existir el contrato, ya que “las leyes son siempre útiles para los que poseen y perjudiciales para los que nada tienen (Rousseau, 2003: 55).
II.
Si para la filosofía política rousseauneana el problema de la obediencia debida ha de consensuarse merced a la resolución de un contrato que constriñe por unanimidad la libertad natural de todos sus asociados, acaso dicho consenso: ¿no se aniquila así mismo, desde el momento en que al ser una potencia física el conjunto de las fuerzas concertadas, éstas han de asumir la suma de un poder público, cuya legítima violencia tan sólo consiste en ejercer el derecho del más fuerte?. En consonancia con ello, Arendt afirma lo siguiente:
Puesto que allí donde los hombres actúan conjuntamente se genera poder y puesto que el actuar conjuntamente sucede esencialmente en el espacio político el poder potencial inherente a todos los asuntos humanos se ha traducido en un espacio dominado por la violencia […]. Ahora bien, allí donde la violencia, que es un fenómeno propiamente individual o concerniente a pocos, se une con el poder, que sólo es posible entre muchos, se da un incremento inmenso del potencial de violencia, potencial que, si bien es impulsado por el poder de un espacio organizado, crece y se despliega siempre a costa de dicho poder [Arendt, 1997: 94].
Es decir, dado que la premisa rousseauneana proscribe cualquier tipo de parcialidad que conspire contra la indivisibilidad del cuerpo político, ello implicaría necesariamente para Arendt suscribir a una concepción del espacio público político que se revela intolerante frente a toda manifestación de disenso, enmascarando de este modo una forma de totalitarismo en el que las mayorías populares son depositarias de un poder absoluto, cuya violencia -i. e., el ejercicio de una violencia residual propia del estado de naturaleza- excluye el pluralismo “del estar juntos y los unos con los otros de los diversos” [sic], en tanto auténtica expresión de lo que para dicha autora representa el verdadero sentido de lo político (Arendt, 1997: 45). No obstante, es preciso constatar -según Arendt- que el paradigma teológico judeo-cristiano subyace en la concepción naturalista y cientificista de la filosofía política moderna, cuyo proceso de secularización no ha logrado superar el modelo de “representación monoteísta”, por el cual ha de concebirse al hombre -en tanto ser genérico- como creado a imagen y semejanza de Dios (Arendt, 1997: 47). Siguiendo éste razonamiento, podemos afirmar entonces que aquella forma de obediencia consuetudinaria que ostenta la suma del poder público, no sería expresión de una legítima coerción si no se amparara en unos presupuestos metafísicos heredados de la teología, y que la filosofía política ha vulgarizado a través de la sentencia vox populi vox Dei (2).
Pero, más allá de la sacralidad del contrato, Rousseau nos recuerda que la política también es un arte, cuyo resorte neutraliza o simplemente elude el principio bivalente -tertium non datur-. Citando al marqués de dˊArgenson, puesto que “[e]l acuerdo de dos intereses particulares se forma por oposición al de un tercero”, éste ha de concertarse conforme a lo dispuesto según el beneficio común de las partes, siendo la “utilidad pública” aquello que garantiza la “dirección justa […] que siempre [...] quiere el propio bien” (Rousseau, 2003: 60-61). Según Rancière, éste “razonamiento teleológico” -basado en el “contrato utilitarista”- requiere para su correcto equilibrio de una falsa correlación que establezca el pasaje de lo útil a lo justo, en el que “cada parte sólo tom[e] lo que le correspond[a]” (Rancière, 1996: 15). Sin embargo, el problema no se resuelve allí, dado que en el entre de los diversos se establece una “igualdad relativa” por “concesión de una exigencia de igualdad jurídica” (Arendt, 1997: 46-47), pero nunca por una “exacta combinación de sus títulos de comunidad”(3) (Rancière, 1996: 19). Pero, si como afirma el propio Rousseau: “el estado social tan sólo es ventajoso para los hombres cuando todos tienen algo y ninguno de ellos tiene demasiado” (Rousseau, 2003: 55), cabe preguntarse lo siguiente: ¿acaso el contrato ha de reducirse a un mero intercambio de bienes o, como afirma Rancière, éste cómputo de las partes más bien encubre una “cuenta errónea”, es decir, un litigio fundamental por el que la parte de los sin parte [demos] “se apropia [de] la cualidad común [i. e., la libertad] como cualidad propia”? (Rancière, 1996: 22). En este sentido, Rancière afirma lo siguiente:
La política existe cuando el orden natural de la dominación es interrumpido por la institución [demos] de una parte de los que no tienen parte […]. Al margen de esta institución, no hay política. No hay más que el orden de la dominación o el desorden de la revuelta [Rancière, 1996: 26].
Podemos concluir diciendo que el proyecto revolucionario de Moreno se enfrenta exactamente a este cuerno del dilema: o dominación o revuelta. La organización del gobierno provisional requiere de la formalización legal de un corpus de reglamentación jurídico-constitucional, capaz de moderar los excesos de discrecionalidad al momento de consensuar políticas de interés público. De no llevarse a cabo un congreso constituyente -erigido por un puñado de representantes cuyas axiai les otorga la virtud de ser los más conspicuos de la aristocracia dirigente-, Moreno vaticina los peligros que acarrea la corruptibilidad de una licenciosa libertad, hasta entonces nunca ejercida soberanamente por las mayorías populares. El idealismo colectivista de corte rousseauneano no parece inspirar el horizonte político de Moreno, quien más bien prefiere “[buscar] la felicidad general […] por los caminos que la naturaleza misma ha prefijado” (Moreno, 1915: 273). El cómputo de las partes ha de conceder a cada uno lo que de suyo se merece en el reparto de las utilidades, buscando asegurar con ello la dominación natural de los que no tienen parte.
Notas:
(1) “Prefiero una peligrosa libertad que una esclavitud con paz”.
(2) “La voz del pueblo es la voz de Dios”.
(3) “Pocos son, en efecto, los ricos pero todos participan de la libertad; por estas causas unos y otros se disputan el poder en el régimen político” [Aristóteles, 2005: 1280a]
Bibliografía
Arendt, H. ¿Qué es la política?, Fragmentos 1 y B3, Paidos, Barcelona, 1997.
Aristóteles, “Política”, Trad. María Isabel Santa Cruz y María Inés Crespo, Losada, Buenos Aires, 2005.
Moreno, Mariano, “Sobre el Congreso convocado y constitución del Estado”, en Escritos Políticos y económicos, La cultura argentina, Bs. As., 1915.
Rancière, J. El desacuerdo, Cap. I, Nueva Visión, Bs. As, 1996.
Rousseau, J-J., El Contrato social, Madrid, Alianza, 1996. [Libro I; Libro II, cap. 1 a 3; Libro IV, cap. 1].
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